El Gobierno abre el plazo para la regularización de inmigrantes mientras los sindicatos policiales avisan de riesgos de seguridad
La regularización de migrantes exige carecer de antecedentes mientras los sindicatos policiales avisan de fraudes en la verificación de antecedentes a migrantes
El Gobierno añade más de 550 trabajadores extra para atender en 450 oficinas mientras 1.800 trabajadores de las Oficinas de Extranjería son apartados del proceso
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REDACCIÓN / AGENCIAS
El Consejo de Ministros aprueba la regularización masiva de inmigrantes que, desde el día 16 de abril podrán solicitar cita previa y cuatro días después podrán formalizar su petición. Los sindicatos de la Policía avisan de que habrá riesgo de fraude en la verificación de los antecedentes penales de los inmigrantes y se convoca además una huelga en las oficinas de Extranjería durante el proceso de regularización.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto para la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de migrantes, un texto en el que se exige carecer de antecedentes penales "y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos". Así lo ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien ha dejado claro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que se trata de "un acto de coherencia ética y de justicia social" y "uno de los grandes hitos" de esta legislatura.
Ha recordado que los interesados podrán empezar a solicitar la regularización a partir del 16 de abril de forma telemática y ese mismo día podrán pedir cita para hacerlo presencialmente, aunque no será hasta el día 20 cuando podrán acudir en persona a formalizar su petición.
Un proceso que podrá regularizar a miles de personas que ya residen en España, que "conviven entre nosotros, con hijos e hijas que van al colegio con nuestros hijos, que dan vida a nuestros pueblos, a nuestras calles y que a partir de hoy podrán disfrutar con garantías de plenos derechos y cumplir sus obligaciones", ha recalcado la ministra.
Para Saiz, la regularización cuenta con una "triple legitimidad"; la social -fue una iniciativa legislativa popular avalada por 700.00 firmas apoyadas por más de 900 asociaciones; la política -su toma en consideración fue apoyada por 310 diputados-; y económica -apoyada por sindicatos y empresarios y por sectores como la agricultura, la construcción y el transporte, que "llevan años remando en esta dirección", ha recalcado
La portavoz ha subrayado el informe del Consejo de Estado, que ha avalado que el proceso se haga por vía de reglamento y "ha valorado positivamente los objetivos generales de la regularización: integración social, seguridad jurídica y reducción de la irregularidad administrativa".
CÓMO SOLICITARLO
Ha explicado que a través de este procedimiento, los solicitantes que cumplan los requisitos podrán acceder a una autorización por residencia y trabajo en España. Además se les dará un número de afiliación a la Seguridad Social y acceso a la tarjeta sanitaria del territorio en el que residan.
Este permiso tendrá una vigencia inicial de un año. Después, podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de Extranjería para una integración plena y progresiva en el sistema.
Las solicitudes se podrán presentar tanto de forma telemática como de presencial. Para pedir la regularización, estará disponible una plataforma en la página web del Ministerio de Inclusión y Migraciones.
Encontrarse en España antes del 1 de enero del 2026, haber permanecido en nuestro país al menos cinco meses ininterrumpidos en el momento de la solicitud, carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad pública son los requisitos para presentarse. Se podrá acreditar la estancia en España con cualquier documento público, privado o combinación de ambos que sean verificables y que justifiquen la estancia en España.
Además, el Gobierno tendrá que comprobar, a través de los Ministerios de Justicia y Exteriores, la ausencia de antecedentes penales de los migrantes que, mediante una declaración responsable, acrediten no haber podido conseguirla por su cuenta para la solicitud de esta regularización.
Mientras, el plazo para solicitar la cita previa comenzará también el 16 de abril, aunque la atención en oficinas será a partir del lunes día 20 de abril. La cita se podrá pedir en la web del Ministerio o por teléfono en el 060.
Oficinas de la Seguridad Social,sucursales de Correos, algunas oficinas de extranjería en determinadas provincias que se especificarán en la página web y exclusivamente en horario de tarde son lugares donde podrán atender las citas presenciales.
La portavoz del Ejecutivo ha querido ser "muy clara y muy contundente": No serán todas las oficinas las que atiendan ni será en cualquier horario. Habrá habilitadas unas 450 oficinas en todo el territorio nacional, con personal formado y habilitado. El Gobierno no quiere que "nadie se frustre" por lo que ha instado a informarse antes de ir a una oficina y a cualquier hora y no le atiendan.
Será el 30 de junio la fecha límite para presentar la solicitud por cualquiera de las dos vías.
El Gobierno tendrá a unas 600 personas trabajadoras en la Unidad de Tramitación de Extranjería (UTEX) para gestionar el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, para el cual mantiene su estimación de que habrá alrededor de medio millón de beneficiarios.
Los trabajadores de las Oficinas de Extranjería protestan también contra este proceso de regularización extraordinaria del que se han visto apartados. Comisiones Obreras ha convocado para el 21 de abril, con el proceso ya iniciado, una huelga indefinida en estas oficinas para denunciar el despilfarro que supone dejar de lado a 1.800 trabajadores del Ministerio de Administraciones Públicas expertos en extranjería.
SUP: "Sin control efectivo de antecedentes, sin coordinación europea y sin refuerzo de medios, se corre el riesgo de debilitar el sistema"
Sindicatos de la Policía Nacional han reiterado este martes sus críticas a la regularización extraordinaria de migrantes al alertar de un posible "colapso" en las unidades de Extranjería y Fronteras, así como de lo que denominan "efecto llamada". En este sentido, también han alertado de un riesgo para la seguridad si no se garantiza una "verificación real de antecedentes penales".
Jupol ha censurado la medida que, según apunta en un comunicado, "se ha adoptado de espaldas a los profesionales de la seguridad y sin planificación operativa". "Nos encontramos ante una medida de enorme trascendencia para la seguridad, el control fronterizo y la gestión migratoria de nuestro país, adoptada sin el necesario consenso político", ha señalado. "La regularización masiva anunciada supondrá un incremento exponencial de trámites administrativos, verificaciones documentales, comprobaciones de antecedentes y gestión de expedientes, todo ello sin que el Gobierno haya anunciado refuerzo alguno de efectivos", ha avisado.
El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha cuestionado la falta de refuerzos policiales en un modelo en el que "se acelera la tramitación, pero se relaja el control", a pesar de que "distintas advertencias institucionales ya han señalado el riesgo de una relajación en el control de antecedentes, lo que podría debilitar el filtro de seguridad". Desde el SUP han alertado de que, "sin verificación real de antecedentes", especialmente en casos donde existen limitaciones de acceso a información internacional, el sistema pierde capacidad para detectar perfiles de riesgo. "Sin control efectivo de antecedentes, sin coordinación europea y sin refuerzo de medios, se corre el riesgo de debilitar el sistema y trasladar la presión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y al mantenimiento del orden público", han indicado.
La Confederación Española de Policía (CEP) ha expresado su profunda preocupación porque "la norma está hecha para colar todo, porque no se pueden comprobar los antecedentes penales en origen de forma efectiva", ha sostenido. El sindicato CEP cuestiona que se pueda regularizar más de un millón de personas extranjeras, teniendo en cuenta las posibles reagrupaciones familiares. "Es una brecha en la seguridad pública", ha terciado.